Más de 30.000 policías y guardias civiles toman Madrid al grito de «¡Sánchez dimisión!»

Más de 30.000 policías y guardias civiles convocados por la plataforma Jusapol han protestado este sábado desde la Plaza de Neptuno de Madrid hasta Cibeles contra el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el lema «¡Por una España más segura!». Exigen la paralización de la negociación entre el Ejecutivo y sus socios separatistas y proetarras para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’.

Tras una pancarta que reza «esta Ley nos desprotege a todos, no a esta reforma», los miles de agentes han exigido la dimisión del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por impulsar la nueva norma. Ataviados con banderas de España, los manifestantes han coreado consignas como «¡Que te vote Txapote!», «¡Pedro Sánchez a prisión!», «¡Pedro Sánchez dimisión!», «¡Marlaska dimisión!» o «¡Sánchez nos tiene en una dictadura!».

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del PSOE y Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de ERC. El Gobierno confía en un acuerdo y ese acuerdo es lo que temen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que, la reforma les deja completamente desprotegidos y, según denuncian, «hará de España un país más inseguro, tanto en las áreas urbanas como en las rurales».

Uno de los puntos que más les preocupa es que el cambio que el Ejecutivo central pretende aprobar sobre la Ley incluye la retirada de la obligación de comunicar la convocatoria de una manifestación, con el riesgo para la seguridad que eso supondría. Eso implicaría, por ejemplo, que los escraches no serán castigados en pleno año electoral dando vía libre a los radicales para acosar a los dirigentes políticos.

El reclamo de guardias civiles y policías contra esta reforma no es nuevo. El 27 de noviembre de 2022 ya convocaron una macro manifestación en Madrid que fue secundada por representantes de PP, Vox y Ciudadanos, al igual que la de hoy.

La plataforma convocante es Jusapol, bajo la que se sustenta tanto el sindicato de la Policía Nacional (JUPOL), como la asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL). A esta manifestación también se unirán otras organizaciones policiales, como la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

Según Jusapol, la reforma de la Ley que aprobó el PP en 2015 «no garantizará realmente la seguridad ciudadana» y es por lo que exigen «forjar un frente común» en contra de las intenciones del Gobierno de Sánchez.

El sindicato CSIF se ha sumado a la protesta y ha explicado que reclama al Gobierno una Ley de Coordinación Nacional para mejorar las condiciones de la Policía Local, así como el reconocimiento de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.

La reforma de la Ley

Las consecuencias de la reforma de la Ley Seguridad Ciudadana preocupan, y mucho, a los policías y guardias civiles. Y es que, entre otras cosas, despenaliza las manifestaciones no comunicadas y esto implica, por ejemplo, dar vía libre a los escraches a políticos en un año marcado por el intenso ciclo electoral.

Además, también deja sin ‘castigo’ las concentraciones que tengan lugar ante el Congreso de los Diputados, como las que llevan por lema ‘Rodea el Congreso’. La ley de 2015 considera sanción grave, con multa de hasta 30.000 euros, «la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con manifestaciones frente a la sede del Congreso o el Senado» pero ahora los agentes no podrán disuadir a los radicales.

Con esta reforma los menores de edad tampoco podrán ser sancionados, ni aquellos que tengan una capacidad económica limitada, que se determinará «atendiendo a sus circunstancias personales, materiales y sociales».

Igualmente, los policías rechazan que la nueva Ley deje de sancionar la grabación o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en la calle o durante manifestaciones, salvo que constituya un riesgo palpable para su seguridad o para la operación policial en curso.

La norma obligará también a revisar las sanciones anteriores a la reforma. De nuevo, como ocurre con la Ley del sólo sí es sí, que rebaja la pena y excarcela a violadores y agresores sexuales, el Ejecutivo beneficiará aquí a delincuentes, en este caso, de terrorismo callejero.